En zona de restricción que corresponde a la vía pública para goce y disfrute de acapulqueños y visitantes, frente a la Plaza Embarcadero del fraccionamiento Costa Azul, fue edificado un local sin contar con licencia de construcción, además violaron sellos de clausura que colocó en su momento personal de la secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco.
Por las violaciones normativas antes descritas, el Ayuntamiento no ha otorgado una licencia de funcionamiento que solicita la exregidora Mayra Reina Reséndiz para operar ahí una cafetería; en represalia la también empresaria ha emprendido una campaña mediática, con lonas colocadas en paredes de la construcción que ha motivado la controversia, para acusar que el gobierno porteño inhibe la inversión y fomenta la corrupción; además se subió al tren desinformativo por reciente controversia generada en el DIF.
Ante la campaña de desinformación que genera confusión entre la ciudadanía, el Gobierno porteño colocó una lona el martes para hacer del conocimiento a los habitantes el motivo real del porqué no se ha otorgado la licencia de funcionamiento, además funcionarios municipales detallaron en conferencia de prensa que existe un juicio interpuesto por la parte inconforme ante el Tribunal de Justicia Administrativa y una demanda de amparo promovida ante un juzgado federal, por lo cual no se puede proceder a la demolición de la estructura hasta que las autoridades judiciales dicten sentencia.
A manera de generar contexto del tema controversial, el equipo creativo de Libertad Guerrero Noticias armó un collage de fotos que incluye imágenes tomadas del archivo de Google Maps, correspondientes a junio de 2009 y noviembre de 2014 donde no aparece el local construido en la vía pública, a diferencia de la imagen correspondiente a enero de 2026 donde ya se observa la invasión ilegal del espacio urbano, así como las lonas que han generado diversas reacciones ante la opinión pública en redes sociales, como parte de la estrategia que utiliza la exregidora como medida de presión para que la autoridad ceda y le otorgue una licencia de funcionamiento.
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